Además, se activó el denominado código rojo en todo el estado. Esta medida implica un reforzamiento generalizado de la vigilancia, el despliegue de más elementos en puntos estratégicos y la coordinación de fuerzas para prevenir actos violentos contra la población civil. El gobernador hizo un llamado explícito a la ciudadanía.
Pedimos a las y los jalicienses que sigan las recomendaciones de las autoridades y no se expongan a situaciones de riesgo. El mensaje fue claro en su llamado a la calma, pero fue también notablemente escueto en detalles. No hubo confirmación oficial del nombre de la persona abatida en las primeras declaraciones de Lemus.
No hubo descripción del operativo. Hubo, en cambio, un lenguaje institucional cuidadoso que reconocía la gravedad de la situación, sin dar información que pudiera ser usada por los grupos criminales o que pudiera comprometer operaciones en curso. Desde el gobierno federal, el hermetismo fue aún mayor. Las autoridades reiteraron el compromiso de trabajar de manera conjunta para recuperar la paz en los estados afectados.
Se informó que se esperaba un comunicado adicional en las horas siguientes con más detalles sobre los resultados de la intervención. Esa moderación tiene una lógica operativa, pero también tiene un costo político y social. En un país donde la ciudadanía ha aprendido a desconfiar de las versiones oficiales, el silencio genera sus propios rumores, sus propias narrativas paralelas y su propio miedo.
Lo que sí fue comunicado con claridad es que hasta ese momento no se habían reportado víctimas civiles relacionadas con los enfrentamientos o los bloqueos. Eso en medio del caos que vivían seis estados era la mejor noticia posible. Pero la pregunta que las autoridades se enfrentarán en los días y meses siguientes no es solo ¿qué pasó el 22 de febrero? La pregunta es, ¿y ahora qué? Porque la muerte de un líder de esa magnitud no disuelve una organización criminal.
Porque la muerte de un líder de esa magnitud no disuelve una organización criminal. Lo que hace históricamente es iniciar una guerra interna por la sucesión. Y esas guerras cuestan vidas, generalmente civiles. El gobierno mexicano tiene ante sí una ventana de oportunidad, pero también un riesgo enorme. Si actúa con inteligencia, puede aprovechar la desestabilización del CJNG para desmantelar estructuras, capturar mandos medios y reducir su capacidad operativa.
La muerte de un líder absoluto genera confusión interna, disputas por el control de plazas y traiciones entre los mandos que ahora compiten por el poder. Las agencias de inteligencia saben que ese es el momento de mayor vulnerabilidad de una organización criminal. Si actúa de forma torpe o si permite que el vacío de poder se resuelva a través de la violencia entre facciones internas, podría enfrentarse a un escenario incluso más caótico que el que existía con el mencho vivo.
Porque el mencho, por brutal que fuera, también era un factor de orden dentro del caos. Mantenía disciplina interna, controlaba sus propias células. Sin esa figura central, el cártel podría fragmentarse en grupos más pequeños, más impredecibles y más violentos entre sí. Eso es exactamente lo que le pasó al cártel de los Beltrán Leiva después de la muerte de Arturo y al Cártel del Golfo después de la captura de Ociel Cárdenas.
La historia del narco mexicano es en parte la historia de cómo los vacíos de poder siempre se llenan y nunca pacíficamente. La noticia de la muerte de El Mencho se extendió por México como una ola. Las reacciones fueron tan distintas como el país mismo. En redes sociales hubo quienes celebraron abiertamente. Para ellos, la caída del capo más buscado representaba justicia o al menos la posibilidad de ella.
Años de masacres, de comunidades aterrorizadas, de jóvenes reclutados a la fuerza, de negocios extorsionados, de familias desplazadas. Todo eso tiene un responsable en la figura de Oseguera Cervantes y su muerte para muchos era el mínimo indispensable. Pero hubo también voces más cautelosas. Analistas de seguridad recordaron lo que ocurrió cuando cayó El Chapo, cuando cayó Arturo Beltrán Leva, cuando cayeron decenas de líderes antes que ellos.
La estructura sobrevive al líder, el negocio sobrevive al hombre y la violencia posterior a una decapitación puede ser peor que la que existía antes. En los estados directamente afectados por los bloqueos, la reacción fue de miedo y de hartazgo. Conductores atrapados en carreteras durante horas, familias que no podían regresar a casa, negocios cerrados, gente que publicaba en tiempo real lo que veía desde sus ventanas, columnas de humo, hombres con armas, vehículos abandonados en llamas.
El mismo terror de siempre, pero esta vez detonado por la muerte del hombre que lo había construido. Hay algo profundamente perturbador en ese ciclo. Un país donde la muerte del principal responsable de la violencia genera más violencia, donde la victoria del estado se celebra con código rojo y llamados a no salir de casa, donde la ciudadanía aprende la noticia no por una conferencia de prensa ordenada, sino por rumores en redes sociales y videos en WhatsApp.
Eso no es una crítica al operativo del 22 de febrero. Si la información es correcta y el mencho fue abatido por fuerzas federales, eso representa un logro real de inteligencia y de capacidad operativa del ejército mexicano. Un logro que tardó años en materializarse. Pero sí es una reflexión sobre lo que ese logro revela y lo que no resuelve.
revela que el Estado mexicano, cuando se lo propone con verdadero rigor, tiene la capacidad de alcanzar a los criminales más poderosos que años de persecución, de inteligencia acumulada y de cooperación internacional eventualmente producen resultados. Pero no resuelve la pregunta de fondo. ¿Por qué Nemesio Ceguera Cervantes pudo construir durante más de una década la organización criminal más poderosa de México? ¿Qué funcionó tan mal que un hombre deportado de Estados Unidos por tráfico de heroína terminó teniendo más poder territorial que
varios gobernadores juntos? La respuesta no está en los operativos militares, está en la impunidad estructural, en la corrupción institucional que el CJ, como todos los cárteles antes que él, supo explotar con precisión. En la pobreza de regiones como Michoacán y Jalisco, que convierten al crimen organizado en la única oferta real de movilidad social para generaciones enteras de jóvenes, el Mencho murió el 22 de febrero de 2026 en la Sierra de Jalisco.
El sistema que lo produjo sigue vivo y eso quizás es la noticia más importante de todas. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este caso no es solo la historia de un capo caído, es el espejo de un problema que México lleva décadas mirando sin resolver. En los próximos días y semanas seguiremos de cerca lo que ocurra con el CG, la sucesión interna y la respuesta del gobierno.
Porque esta historia no terminó el 22 de febrero, apenas comenzó un nuevo capítulo. Si quieres seguir informado sobre crimen, justicia e instituciones en México, suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana casos que importan contados con rigor y respeto a las víctimas. Hasta el próximo
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