El ejército mexicano encabezó el operativo. Según fuentes confirmadas, la operación fue el resultado de inteligencia acumulada durante un periodo prolongado y fue coordinada con agencias federales de seguridad. No se trató de un encuentro fortuito, fue una operación planeada ejecutada con precisión en un momento y lugar que las fuerzas armadas eligieron deliberadamente.
Durante el enfrentamiento en Tapalpa hubo intercambio de fuego. Los elementos del ejército se toparon con resistencia armada. Eso no sorprende. Un hombre en la posición del mencho no se mueve sin escolta. A su alrededor siempre había un anillo de seguridad formado por hombres entrenados y armados dispuestos a morir por él o más precisamente a matar por él.
Que hubiera resistencia en ese operativo es la señal más clara de que no fue una detención rutinaria, sino un enfrentamiento real en terreno hostil. Los detalles sobre cuántos combatientes estaban presentes, cuánto duró el enfrentamiento y si hubo bajas adicionales entre las fuerzas federales o entre los escoltas del capo no fueron divulgados de forma inmediata por las autoridades.
Lo que sí fue confirmado es que Nemesio Oseguera Cervantes murió durante ese operativo. Algunos reportes inicias también mencionaron actividad en el municipio de Tatalpa y hubo cierta confusión en las primeras horas sobre la ubicación exacta. Esa confusión misma reveló algo importante. Las autoridades estaban siendo deliberadamente cautelosas sobre lo que comunicaban y cuándo lo comunicaban, probablemente por razones de seguridad operativa y para evitar que grupos del CJ pudieran reaccionar antes de que se consolidara el control del área. La reacción del
cártel, sin embargo, fue casi instantánea. En el mismo domingo 22 de febrero, apenas circularon los primeros rumores y posteriormente las confirmaciones, las células del CGNG activaron lo que en el lenguaje del narco se llama contingencia, una respuesta coordinada de terror diseñada para demostrar que la organización sigue viva, que sigue siendo capaz de imponer caos y que el costo de atacar al cártel lo paga la población civil.
Se registraron bloqueos carreteros en al menos seis estados: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes. Vehículos fueron incendiados en puntos estratégicos para interrumpir el tráfico. En algunas zonas, hombres armados obligaron a conductores a abandonar sus autos para usarlos como barricadas.
El miedo se extendió rápidamente por las redes sociales con videos de humo negro sobre carreteras y mensajes de advertencia a la ciudadanía de no salir. Familias que regresaban de fin de semana quedaron varadas durante horas en carreteras. Federales, trabajadores que intentaban llegar a sus empleos no pudieron hacerlo.
Niños que debían estar en casa al caer la tarde estaban atrapados en vehículos con sus padres mirando columnas de fuego a 100 m de distancia. Era la firma del CGNG. Cuando pierde, hace que todos pierdan con él. En casos como este, la evidencia que se hace pública es limitada y filtrada cuidadosamente por las autoridades. No hay, al menos hasta el momento de emisión de este video, una conferencia de prensa formal con fotografías, nombre de quienes participaron en el operativo o un informe forense detallado.
Eso en sí mismo es parte del patrón. México tiene una historia larga y dolorosa de operativos celebrados antes de ser completamente verificados. La prudencia de las autoridades en este caso, puede interpretarse como lección aprendida sobre el valor de la confirmación forense rigurosa o puede interpretarse como algo más complicado, una reticencia institucional a rendir cuentas de forma completa ante la ciudadanía.
Sin embargo, lo que sí existe es la confirmación de funcionarios de primer nivel. Según reportó Grupo Milenio y Telediario, funcionarios de alto rango confirmaron el deceso de Oseguera Cervantes. Esta no es una información de redes sociales ni de fuentes anónimas de bajo nivel. Es una confirmación institucional filtrada de manera controlada.
La reacción inmediata del CGNY también funciona paradójicamente como evidencia. Organizaciones criminales de esa escala no activan bloqueos simultáneos en seis estados por un rumor. Esa respuesta coordinada que requiere comunicación entre células en distintas entidades y una decisión de mando tomada al mismo tiempo en múltiples regiones es la evidencia más clara de que algo de enorme magnitud ocurrió ese domingo.
Los cárteles no gastan ese tipo de capital político y operativo por nada. Adicionalmente, el historial de inteligencia sobre el mencho aporta contexto. Se sabía que su estado de salud era delicado. Fuentes de la DEA habían documentado en años anteriores que padecía problemas renales severos que requerían tratamiento constante.
Eso significaba que, a diferencia de otros capos que podían moverse libremente, el mencho dependía de un entorno controlado. Necesitaba personal médico, necesitaba cierto equipamiento y eso inevitablemente deja rastros. La región de Tapalpa no fue elegida al azar, fue seleccionada porque la inteligencia acumulada durante meses, posiblemente años, apuntaba a esa zona como área de permanencia del capo.
Lo que falta y lo que las autoridades mexicanas deben al país es una versión oficial completa y verificable, una identificación formal del cuerpo, el resultado de análisis forenses y la confirmación sobre qué sucedió con el círculo inmediato de colaboradores que estaban con él en el momento del operativo. Esa transparencia no ha llegado y su ausencia seguirá siendo fuente de especulación.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, fue uno de los primeros funcionarios en hacer declaraciones públicas sobre la crisis de seguridad desatada por la muerte de el Mencho. En sus comunicados, Lemus instruyó la instalación inmediata de una mesa de seguridad integrada por representantes de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal.
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