El Informe de Seguridad Global de Gallup, reveló recientemente que El Salvador se encuentra entre los países más seguros. El 88% de sus ciudadanos se sienten seguros al caminar solos por la noche.
Este sondeo atribuye la seguridad récord del país a las agresivas medidas antipandillas del presidente Nayib Bukele.
El Salvador ha sido noticia a nivel mundial tras ser clasificado entre los países más seguros del mundo por primera vez en su historia.
Según Gallup, el país está por encima de naciones tradicionalmente seguras como Suiza, Islandia y Luxemburgo.
Su gran estrategia
El informe destaca la notable transformación de El Salvador, atribuyendo su mayor seguridad a una sólida estrategia nacional para reducir los delitos violentos.
Este es un cambio significativo para un país que desde hace mucho tiempo se ha visto afectado por altos niveles de violencia por parte de las pandillas.
Durante décadas, El Salvador estuvo entre las naciones más peligrosas del mundo, y su capital, San Salvador, a menudo era etiquetada como una de las ciudades más violentas de Occidente.
Sin embargo, bajo la presidencia de Bukele, el país ha experimentado un cambio drástico en sus estadísticas de delincuencia, lo que lo ha posicionado como un modelo de seguridad en América Latina.
La ofensiva de Bukele contra las pandillas
La notable mejora en la clasificación de seguridad de El Salvador se debe principalmente a la agresiva campaña del presidente Bukele contra las pandillas criminales, conocidas localmente como ‘Maras’.
El “Plan de Control Territorial” del gobierno y las políticas de seguridad posteriores han llevado a la detención de miles de pandilleros, lo que ha reducido significativamente las tasas de homicidios y delincuencia del país.
La estrategia de Bukele, que incluye encarcelamientos a gran escala y operaciones militares dirigidas a zonas dominadas por pandillas, ha recibido un amplio apoyo de los salvadoreños.
Aunque algunas organizaciones de derechos humanos han criticado las políticas de Bukele por sus tácticas de mano dura y la falta de garantías constitucionales en los procesos judiciales.
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